Por ÁPICE – BID – IESALC.
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https://drive.google.com/file/d/1Fq5mK2KGbDs-CzwC_4RiCuuD6vEHu8D1/view
Con la irrupción del COVID-19 en el mundo, los sistemas de educación superior1 en la región corren el riesgo de retroceder en los avances de acceso alcanzados en las últimas dos décadas (Arias, Elacqua, & González-Velosa, 2017). Un efecto temprano de la pandemia fue una caída del PIB de los países de la región de más de siete puntos porcentuales y de los ingresos de los hogares (CEPAL, 2020). Esta situación tiene el potencial de afectar inmediatamente la matrícula de estudiantes de ingresos medios y bajos, que por lo general son las primeras generaciones en acceder a este nivel educativo.
Este contexto es grave en países de la región con altas proporciones de matrícula privada, como Chile y Colombia, donde más de 60 % del financiamiento de la educación superior proviene de los hogares (Anexo 2). El choque económico tan grande que estamos viviendo llevará a muchos estudiantes a dejar sus estudios en forma temporal o permanente si no se les ofrecen herramientas complementarias de subsidio y financiamiento. En Colombia, cifras preliminares muestran una caída en la matrícula universitaria de más de 11 % en el segundo semestre de 2020, comparado con 2019 (ASCUN, 2021).
Gobiernos, Instituciones de Crédito Educativo (ICE) e Instituciones de Educación Superior (IES)2 tomaron diferentes medidas para ayudar al financiamiento directo e indirecto de los estudiantes de la región. Sin embargo, el alcance de estas medidas está muy influenciado por las estructuras de financiamiento que cada país había consolidado antes de la pandemia o su carácter público o privado en el caso de las IES.
